Wednesday, July 07, 2004

El Narcotráfico en Colombia

28 de agosto de 2003
Por: María Camila Nogales G.

Introducción

Hace más de cuarenta años comenzó el fenómeno del narcotráfico en Colombia, que fue creciendo a medida que se volvió una alternativa económica que desde entonces ha generado ingresos incalculables. En la década de los 80 las mafias colombianas eran quienes movían la economía a través de las inversiones y la generación de empleo. De igual forma, la alta demanda seguía fomentando este negocio que tuvo graves consecuencias al interior de la sociedad.

Los miembros de los carteles se infiltraron en todos los sectores del gobierno, lo que trajo como consecuencia la corrupción al interior del Estado. Los campesinos encontraron en los cultivos ilícitos la única forma de supervivencia y se dedican a esta actividad a cambio de su sustento diario. En la década del 90 los grandes capos fueron capturados y Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín, fue asesinado. Los colombianos creyeron que ese era el fin del negocio de las drogas, pero sucedió todo lo contrario, los grupos armados que tenían la necesidad de fortalecerse encontraron en el narcotráfico la fuente de financiación necesaria para cumplir con sus objetivos. Por esta razón, un eventual proceso de paz debe tener en cuenta este factor, como es el caso de las AUC.

El contrabando y el lavado de activos derrumbaron la economía. Ahora el conflicto armado no es sólo entre los insurgentes, sino que tiene un ingrediente adicional que es el narcotráfico. El presidente Uribe ha tenido que diseñar una política que le permita combatir la droga y el terrorismo, simultáneamente. Este programa de gobierno tiene como base el Plan Colombia en donde están consignados los objetivos que Estados Unidos ha fijado para vencer esta lucha contra las drogas para la que están brindando una generosa ayuda económica. La fumigación con glifosato, la extradición, la ley de extinción de dominio, la interdicción aérea comprenden la política del gobierno.


1. El Flagelo del Narcotráfico

Es indiscutible que Colombia es el mayor productor de droga en el hemisferio. La ilegalidad de esta industria ha permitido que sea el negocio más rentable que ha trascendido a través de los años y que ha traído como consecuencia el crimen organizado, la violencia y la corrupción en general. Este fenómeno ha controlado a la sociedad entera y ha penetrado en todos los estamentos legales e ilegales generando inestabilidad en el régimen debido a la permanente violación a los derechos humanos que promueve dicha actividad.

La economía de la droga, por su carácter clandestino genera sumas de dinero exorbitantes que no se podrían obtener a través de la comercialización de ningún bien lícito. Sin embargo, ha sido imposible efectuar un análisis de sus efectos económicos y del costo real de la producción, manufactura, tráfico y producción puesto que aún se desconocen todas las fuentes de ingreso y de materia prima existentes.

Lo más grave del asunto, es que la economía del país ha dependido, en gran parte, de los ingresos del narcotráfico y con la muerte de Pablo Escobar y la detención de los capos del cartel de Cali, entre otros, se incrementó el desempleo, se frenó la construcción y el déficit fiscal aumentó considerablemente. En la década del 90 se estimó que los ingresos sumaban entre 18000 y 25000 millones de dólares, que equivaldría al 50% del PIB anual.

Los narcotraficantes se han encargado de crear diferentes mecanismos para legitimar el dinero obtenido. El “lavado de dólares” es el recurso más usual que consiste en realizar un conjunto de operaciones estructuradas entre si por una organización de narcotráfico en las que los recursos ilícitos se transforman en lícitos mediante la adquisición de otros bienes de consumo o inversión, cuya legalidad sea su principal característica.

Generalmente lo hacen cuando al obtener dichos ingresos provenientes de un producto ilícito, que a su vez no son justificados ni tributaria, ni patrimonialmente y que necesita utilizarlos sin despertar sospecha alguna. De este trámite se encarga otra organización cuyo único objetivo es realizar este procedimiento.

Importaciones, remesas laborales, inversión directa, la colocación de bonos y recursos en el sistema financiero, al igual que el contrabando, son, entre otros, los recursos más utilizados por este tipo de organizaciones. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, y a partir de la década del 90, cuando se suponía que el narcotráfico estaba llegando a su fin, los gobiernos tomaron medidas para ponerle punto final a esta actividad, que contrario a lo que se esperaba, se fortaleció con el tiempo.

En primer lugar se instauró la ley de extinción del derecho de dominio aplicado a los bienes que son instrumento o producto del delito cometido, sólo si son vinculados al proceso penal y se comprueba que este bien procede de dineros ilícitos. Lo más importante de la legislación actual es que la figura de retroactividad entró en vigor, lo que significó que desde entonces se podían retener todos los bienes ilícitos, sin tener en cuenta la fecha en la que fueron adquiridos.

De igual forma y debido a la impunidad existente en Colombia y las laxas penas para castigar los delitos, se aprobó la extradición de nacionales colombianos a quienes hayan violado la legislación extranjera. Esta medida no incluye la retroactividad y tampoco permite extraditar a quienes se sometan voluntariamente a la justicia.

Y aunque la legislación colombiana aprobó esas normas para castigar este delito, la justicia no pudo resarcir todo el daño que el narcotráfico le ha hecho a la economía del país. La apertura en 1991 benefició los flujos capitales relacionados con el narcotráfico, ya que con la eliminación de aranceles y la liberación de las importaciones se facilitaron las importaciones y así pudieron entrar gran cantidad de divisas. Asimismo, el fenómeno del desempleo es consecuencia del narcotráfico ya que los grandes “capos” eran los mayores inversionistas y cuando se detuvo la inversión, la economía se paralizó.

En el ámbito social la droga ha perjudicado enormemente al campesino que es reclutado con el fin de que atienda los cultivos de coca, amapola y marihuana y a cambio de su trabajo le ofrecen ingresos que no recibiría si continuara con sus actividades cotidianas. La juventud también ha sido víctima de la adicción a las drogas, ellos forman parte de la población más vulnerable del país y algunas veces se involucran en este negocio en busca de plata fácil.

El vicepresidente Francisco Santos asegura que el éxito del negocio se deriva de su rentabilidad debido a que un kilo de base de coca en la selva amazónica cuesta 800 dólares, al convertirse en cocaína el precio sube a 2.000 dólares en cualquier ciudad colombiana y en Miami a 25.000 al por mayor y 150000 al detal en Manhattan.

Pero lo peor no es el alto costo del insumo, sino los más de 30 mil homicidios y 3.000 secuestros por año relacionados con el narcotráfico. Los estudios señalan que por cada hectárea de coca los campesinos destruyen 4 de selva y por cada hectárea de amapola, 2.5 de bosque andino.

El actual gobierno confía en que los acuerdos de cooperación internacional suscritos a nivel internacional en la lucha antidrogas tendrán resultados contundentes. Santos propone una diplomacia contra el contrabando en la que se castiguen a los países permisivos con esta práctica y a su vez a las empresas que contribuyen con este negocio, sirviendo de puerto para recibir y reenviar mercancías y produciendo diferentes artículos con dineros del narcotráfico.

Estos son sólo algunos de los problemas que se derivan de esta práctica que ha destruido a una sociedad y su economía. Cuando se acabaron los principales carteles de la droga, se suponía que el narcotráfico llegaría a su final, pero mientras eso sucedía los grupos armados se fortalecían y se lucraban de este negocio, y fue así como surgieron otros carteles en diferentes zonas del país y es por esto, que en materia de lucha antidrogas, está todo por hacer.

2. Situación actual del narcotráfico en Colombia

En la actualidad, el narcotráfico está estrechamente vinculado con los grupos al margen de la ley. Al inicio de este gobierno el país tenía 150 mil hectáreas de coca y 6 mil de amapola, pero en lo que ha corrido del presente año se han erradicado un total de 75 mil hectáreas de coca y amapola.

Desde el comienzo de la presente administración la población ha mostrado su optimismo en lo que tiene que ver con el tema del orden público, por lo tanto y según una encuesta publicada en el periódico El Tiempo, el 53% de los colombianos confía en que la lucha contra el narcotráfico seguirá siendo un éxito en el término de un año, es decir, en agosto de 2004.

El negocio de las drogas ilícitas en Colombia comprende el cultivo, procesamiento, exportación, distribución y lavado de activos, actividades que en su conjunto desestabilizan al Estado. Al mismo tiempo la droga se ha convertido en la fuente de recursos de financiación para las actividades terroristas de los grupos armados. Los violentos se están disputando el control de aquellas zonas donde hay cultivos de coca, las FARC y las Autodefensas están en estos territorios desde 1982 y desde entonces se han incrementado las plantaciones y los miembros de estas agrupaciones. Pero estas organizaciones no sólo se encargan del cultivo, sino que también controlan las rutas, la comercialización internacional y fomentan el terrorismo.

Claro que el verdadero problema radica en el consumo que es el motor de este negocio. En Estados Unidos y Europa están la mayoría de consumidores y es por esto que hay un especial interés sobre el tema en el mundo entero ya que para combatir este flagelo es necesario controlar la oferta y la demanda.

Adicional a estos factores, el narcotráfico se mezcla con la corrupción que ha caracterizado a la sociedad colombiana en general. En todos los sectores se encuentran infiltrados que, si bien, en algunos casos son sobornados, en otros se involucran simplemente porque esa es la única forma de obtener enormes sumas de dinero y son ellos quienes con su complicidad han permitido que este negocio crezca.

2.1. Situación por departamentos

La geografía de Colombia ha beneficiado la práctica del narcotráfico debido a que los cultivos de amapola, coca y marihuana gozan de perfectas condiciones en las diferentes zonas del país. Los grupos armados se han formado en las montañas de Colombia y conocen a profundidad los lugares más recónditos a los que ni siquiera tienen acceso las Fuerzas Militares y es por eso que allí se han fortalecido gracias al narcotráfico, actividad que los ha lucrado. Hay algunas zonas de mayor peligrosidad que otras en donde la guerrilla o las autodefensas tienen el dominio, según el caso. Este es el estado de aquellas zonas del país afectadas por el narcotráfico.

2.1.1. Arauca y Casanare

En Casanare los miembros de la mafia compraron tierras, acumularon capital y determinaron el núcleo de la actividad económica, que, desde entonces, sería el refinamiento de coca. Los grupos de autodefensa, que siempre han estado aliados con el narcotráfico desde la época de Gonzalo Rodríguez Gacha, antiguo narcotraficante y de Víctor Carranza, zar de las esmeraldas, preponderan en esta zona y están en proceso de expansión y acumulación de capitales. En Arauca, sucede todo lo contrario y la guerrilla es la que manda en esta zona.

2.1.2. Barrancabermeja

Los grupos armados se apoderaron del negocio del “cartel de la gasolina”, asimismo las autodefensas y la guerrilla se financian de los cultivos de coca en el sur de Bolívar, como de la extorsión a la economía del oro.

2.1.3. Cundinamarca

Las autodefensas están presentes desde los 80 en los municipios de Vergara, Yacopí, La Palma, Pacho, Puerto Salgar y Guaduas. En el piedemonte cundinamarqués los narcotraficantes han comprado una significativa porción de tierra. Allí han cometido masacres, cuya responsabilidad ha recaído en las organizaciones de autodefensas que están al servicio del narcotráfico.

2.1.4. Huila

En este departamento los cultivos ilícitos y la inversión en tierras por parte de los narcotraficantes son marginales. Esta es la razón por la que la presencia de los grupos de autodefensa no es tan marcada como en otros territorios.

2.1.5. Magdalena Medio

El recrudecimiento de la violencia en este territorio no sólo se debe a la presencia de guerrilla y autodefensas, sino a la economía ilícita que se desarrolla en esta región. Los cultivos, la transformación y comercialización de coca, la compra de tierras por parte de narcotraficantes y el lavado de activos procedentes del narcotráfico, son las actividades que financian los actos terroristas.

2.1.6. Meta

FARC y autodefensas están asentadas en esta zona aprovechando el desarrollo de la economía de la coca. Por su parte, la guerrilla creció desde los 80 paralelamente con los cultivos de coca, lo que le permitió fortalecer sus frentes militares gracias a su autonomía financiera. Mientras que las autodefensas se robustecieron mediante la logística de producción de cultivos, su proceso en los laboratorios y el comercio del producto final.

2.1.7. Nariño

A partir de 1999 la violencia se recrudeció por la irrupción de las autodefensas y el crecimiento de los cultivos ilícitos que se dio por el relieve y las excelentes condiciones climáticas. Los Frentes 29 y 8 de las FARC y Comuneros Sur del ELN promovieron la siembra de amapola entre los productores. La guerrilla se apoderó de este territorio como promotora de la justicia en un lugar donde reina la anarquía. Hay constantes disputas entre autodefensas y guerrilla por el dominio del territorio en las áreas de mayor producción de coca.

2.1.8. Norte de Santander

El narcotráfico es la causa principal de las incursiones de las autodefensas que tienen como fin controlar el mercado de pasta de coca, sin embargo, la violencia que promueven estas organizaciones ha disminuido.


2.1.9. Putumayo

La violencia, los cultivos de coca y los enfrentamientos entre grupos armados son una constante en esta zona. En los municipios del bajo Putumayo se concentran los cultivos ilícitos del departamento, es decir, el 96%, y por lo tanto las disputas entre estas organizaciones.

2.1.10. Sierra Nevada

Es el epicentro de las actividades ilegales de la coca, el contrabando, el secuestro y la extorsión. Guerrilla, autodefensas y narcotraficantes se disputan este territorio que consideran estratégico para el desarrollo de la guerra. Para los narcotraficantes esta zona es óptima para la siembra, procesamiento y distribución de la coca. Las FARC buscan consolidar la cordillera oriental como centro de despliegue estratégico para traficar los narcóticos en la frontera con Venezuela. Finalmente, las autodefensas están asentadas allí por el tema del narcotráfico y han protegido las siembras de coca por tratarse de su base económica.

2.1.11. Suroriente

Las FARC son autónomas, especialmente en las áreas en donde se encuentran los cultivos de coca. En Caquetá, Meta y Guaviare, la producción de coca e infraestructura para su procesamiento es proporcional a la presencia de la guerrilla, los grupos de autodefensa y las manifestaciones de violencia.

2.1.12. Tolima

Las características geográficas del Tolima han traído como consecuencia los cultivos ilegales, especialmente el de amapola. La presencia territorial de estas organizaciones armadas se debe a los intereses que despierta en ellas el narcotráfico. Las autodefensas se han encargado de amparar el proceso de adquisición de las tierras en el valle del Magdalena, donde se concentra la mayor inversión de los narcotraficantes, y el piedemonte de la cordillera Central ubicado en la zona sur. Estas compras de tierras obedecen a la expansión de los cultivos ilícitos.

2.1.13. Valle del Cauca

A comienzos de los 90 los narcotraficantes organizaron grupos armados para que resolvieran de manera violenta los diferentes conflictos por tierras. Los carteles de la droga desataron la guerra en varios municipios del Valle en donde se llevaron a cabo asesinatos, masacres y desapariciones forzadas.

2.1.14. Viejo Caldas

El narcotráfico es la principal causa de los altos índices de homicidios en esta región. Del elevado índice de muertos anualmente en el Viejo Caldas, sólo una pequeña parte depende directamente de la organización narcotraficante. Algunos han sido selectivos, otros víctimas del terrorismo y también por ajuste de cuentas.

3. La lucha antidrogas del actual gobierno

La política del presidente Uribe quedó clara desde un principio, ya que todo su plan de gobierno quedó consignado en el Manifiesto Democrático. En el punto número 31 de este documento estableció lo que sería la lucha antidrogas durante este cuatrienio. Su prioridad es el apoyo al Plan Colombia y la solicitud de cooperación internacional para combatir contra este flagelo. De igual forma agregó que es necesario establecer proyectos de sustitución de cultivos ilícitos sostenibles y la continuación de la erradicación de cultivos.

Aunque esos son sus objetivos principales, en la Política de Seguridad Democrática quedaron trazados minuciosamente los objetivos de este gobierno en lo que respecta a este tema. Como primera medida, es de vital importancia recuperar el control estatal en todo el territorio colombiano, que hasta ahora ha estado en manos de los grupos al margen de la ley. Desmantelar las organizaciones de narcotraficantes es otra prioridad junto con la eliminación de cultivos ilícitos de producción de estupefacientes, que espera llegue a su fin durante este gobierno.

Básicamente las estrategias planteadas para cumplir con los objetivos son la interdicción aérea, terrestre, marítima y fluvial de la droga. Continuará con la fumigación con glifosato en todo el país en donde detecten los cultivos de coca y amapola. Se crearán programas sostenibles de desarrollo para los cultivadores, cuya supervivencia depende únicamente de esta actividad, con la ayuda de la comunidad internacional. Las redes de narcotraficantes serán desmanteladas y se atacarán directamente sus recursos humanos, bienes, finanzas y redes de comercialización. Para que sea posible se fortalecerá el marco jurídico con el fin de poseer las herramientas legales que posibiliten castigar el delito. Finalmente, para reducir el consumo, el programa Rumbos de la Presidencia de la República seguirá con su trabajo de conscientización a la población consumidora.

Algunas entidades del Estado y la Junta de Inteligencia Conjunta desarrollarán un comité de lucha contra el lavado de activos que facilite el intercambio de información y coordinación en las labores de inteligencia financiera. Por su parte, la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF- desempeñará un papel muy importante en esta operación ya que será la encargada de centralizar, sistematizar y analizar toda la información.

Con la comunidad internacional pretende crear un frente unido que permita la realización de operaciones coordinadas de las fuerzas de seguridad de los países involucrados en este negocio. El intercambio de inteligencia es primordial para monitorear, identificar y neutralizar las actividades ilícitas. El gobierno considera imperativo que todos los países que, de algún modo, tienen también la responsabilidad del problema de las drogas deben unir sus esfuerzos y encaminar sus políticas hacia un mismo objetivo.

Estas metas que se ha trazado el gobierno y la forma en que planea alcanzarlas sería la adecuada si sólo se tuvieran que solucionar los problemas anteriormente expuestos. Y a pesar de que esas medidas son las adecuadas para luchar contra este flagelo, en Colombia la situación es mucho más compleja, dado que en este negocio están involucrados los diferentes sectores de la realidad nacional. Por lo tanto, no es suficiente con combatir los cultivos y el consumo porque la corrupción ha llegado a dimensiones inimaginables.

Una muestra de lo dicho anteriormente es el escándalo por la devolución de dos toneladas de coca a narcotraficantes del cartel del norte del Valle por parte de miembros de la Policía Nacional. Hasta el momento son muchas las historias que se tejen alrededor, cada testigo ha aportado su propia versión sobre el caso, algunos informantes han sido asesinados, pero lo único cierto es que los 25 policías están siendo investigados por su implicación en el infortunado hecho y la justicia tiene la última palabra. Por lo menos la investigación ha traído algunos resultados y teniendo en cuenta el conocimiento público de este caso se espera que no quede en la impunidad como ha ocurrido en situaciones similares. La Procuraduría General también está investigando a un comandante por extraviar 400 kilos de cocaína incautados en Montería en febrero de 2002.

Hechos parecidos han sucedido a lo largo de la historia de Colombia, desde que el narcotráfico hizo presencia. Lo que ha cambiado es la sofisticación de sus equipos y el número de personas que forman parte del negocio que ha ido en aumento. Las “mulas” que son quienes llevan droga de un país a otro, siguen realizando su trabajo, pero ahora no sólo transportan estupefacientes sino que también trafican el dinero obtenido de dicha actividad. La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía ha denunciado el aumento de esta nueva modalidad en la que la mula lleva el dinero en su estómago, previamente ingerido en cápsulas empacadas en guantes de cirugía. Cuando estas personas son detenidas las autoridades no pueden recibir información útil porque las redes de narcotraficantes, conscientes del riesgo que corren las mulas, no dan a conocer su identidad y la persona desconoce el destino exacto del dinero que lleva.

Contrario a lo que se creía con respecto a la desaparición de los carteles de la droga con la muerte de Pablo Escobar, jefe del Cartel de Medellín y la detención de los hermanos Rodríguez Orejuela, cabecillas del Cartel de Cali, entre otros, éstos siguen vigentes. Una cadena de asesinatos en Cartagena, Quindío y Bogotá trajo consigo un proceso en el que se desató una tercera guerra entre narcotraficantes pertenecientes a los carteles del Valle y Medellín, respectivamente, por algunas órdenes de extradición expedidas por la justicia de Estados Unidos. Los capos que están implicados en el hecho han asesinado a quienes han brindado información valiosa a las autoridades.

En el departamento del Cesar también existe un cartel de la droga y la cabeza del mismo, Jorge 40, miembro de las autodefensas, es la persona más admirada de ese territorio y quien ha avalado a todos los políticos de esta región, por esta razón sus delitos permanecen impunes. Estos asuntos, todos registrados en los medios de comunicación, no han sido oficialmente entregados al Ministerio de Defensa y por lo tanto no se ha tomado ninguna medida al respecto. Es increíble que los medios conozcan detalles y la justicia no tenga respuestas contundentes. Sin embargo, aún falta por conocer a profundidad el caos que ha desatado el narcotráfico en el país porque una gran mayoría perteneciente a diferentes sectores de la sociedad colombiana, está relacionada, de una u otra forma con este negocio, y con la complicidad de estas personas será imposible encontrar una verdadera solución y castigar a los delincuentes.

Claro que en esta administración hay mucho optimismo debido a que el presidente Uribe pretende llegar hasta las últimas consecuencias para combatir la corrupción y por supuesto, el narcotráfico. El senador Fuad Char, miembro de la Comisión Segunda que trabaja con los temas de seguridad, exalta la labor del Presidente en lo que tiene que ver con el orden público durante su primer año de gobierno. Destaca la firmeza del mandatario y asegura que partiendo de su experiencia adquirida como gobernador de Antioquia, un departamento azotado por el narcotráfico, ahora como jefe de estado está tomando las riendas del asunto. Pero hace énfasis en que este es apenas el principio del camino y por eso el Congreso contempla la posibilidad de aprobar un proyecto de ley en el que se plantee la reelección de Uribe para que pueda avanzar en esta lucha. Las leyes siguen siendo las mismas estipuladas en la Constitución del 91, pero en algunos casos, se han endurecido.

El endurecimiento de la política de Uribe queda demostrado en los resultados de la lucha contra el narcotráfico. Durante el últimos año la erradicación de cultivos ilícitos aumentó en un 56% y la incautación de cocaína en un 12%, cifra que equivale a 100000 kilos que son U$2978 millones menos en los bolsillos de los grupos terroristas, según la Ministra de Defensa. De igual forma se comprometen a fumigar 75.000 hectáreas de coca y 7.000 de amapola y restarían 90.000 y 11.000, respectivamente.

3.1. Ley de extinción de dominio

El presidente Uribe sancionó un proyecto de ley que reduce la duración del proceso de extinción de dominio sobre los bienes que han sido adquiridos con dineros procedentes del narcotráfico. En la norma se crea un sistema de pago de recompensas para quienes denuncien estos bienes que equivale al 5% de lo que el Estado obtiene por la liquidación de dicho bien.

Pero para evitar una confusión, dentro de esta ley se establece una definición concreta en la que esta conducta es el “resultado del incremento patrimonial injustificado en cualquier tiempo, la tenencia de bienes que provengan de una actividad ilícita. Igualmente los bienes que hayan sido destinados para el lavado de activos”. El acusado tiene un plazo de tres meses para justificar sus bienes, si no lo hace, será patrimonio en bien del Estado.

Anteriormente los bienes quedaban en el abandono y no eran utilizados para el bien de la comunidad. Ahora esta situación se está transformando, hace poco tiempo en Antioquia una finca de los hermanos Ochoa, reconocidos narcotraficantes del cartel de Medellín, pasó a manos del municipio. Como un hecho sin precedentes el predio fue entregado a la Alcaldía con el fin de regular el uso de la tierra y la Fiscalía será la encargada de supervisar que así sea. En un total de 2800 hectáreas se construirá un proyecto de vivienda y se desarrollarán proyectos productivos y de seguridad alimentaria. Esta es la primera vez que un bien incautado será utilizado en beneficio de la población.

La Dirección Nacional de Estupefacientes se encuentra trabajando en la rentabilidad de las propiedades que están a su cargo, entregándoselas a empresas especializadas en el manejo del bien, como ha sucedido con el Hotel Sunrise Beach en San Andrés que era propiedad de Nelson Urrego Cárdenas, acusado del delito de enriquecimiento ilícito, y pasó al Grupo de Hoteles Ltda., así como con el Hotel El Prado en Barranquilla que era de la familia Nasser Arana que tienen enredos con la justicia de Estados Unidos por narcotráfico y que ahora lo maneja la Sociedad Hoteles Dann, entre otros.

La incautación de bienes no se detiene, hace pocos días la Fiscalía General de la Nación solicitó la extinción de dominio del 25% de las acciones de Eduardo Enrique Dávila Armenta en el equipo de fútbol Unión Magdalena, porque fueron adquiridas con dineros del narcotráfico. Son siete inmuebles ubicados en Santa Marta, avaluados en 2 mil millones de pesos.

Aparentemente se está cumpliendo la ley al pie de la letra, pero el senador Fuad Char considera que aún falta mucho por hacer en esta materia. Él considera que a la ley no se le debería hacer ninguna modificación porque el verdadero problema radica en que los dueños de los bienes siguen allí presentes en estas regiones. En todo caso resalta la importancia de realizar un procedimiento efectivo para que estos bienes queden en manos de entidades filantrópicas, de salud y educación, y a su vez entregar las fincas al Ministerio de Agricultura para que se pueda repartir la tierra entre los campesinos.

Es importante que estos bienes no sólo sean incautados, sino que contribuyan al desarrollo del país y ayuden a generar empleo. Es una alternativa diferente que se les puede ofrecer a los cultivadores de coca y a los sectores menos favorecidos porque la falta de oportunidades es la que genera violencia y contribuye al negocio de la droga que les ofrece recursos económicos a quienes no tienen otra alternativa de supervivencia.

3.2. La extradición

La extradición de nacionales al extranjero se creó con el fin de que aquellos que hayan cometido delitos en el exterior sean castigados en ese mismo lugar. Esta medida se aplica sólo en caso de narcotráfico y ese instrumento es considerado como mecanismo de colaboración internacional que garantiza la justicia, para evitar la impunidad en el caso en que el delincuente se refugie en otro país diferente al lugar en donde cometió el delito.

Esta figura, en la actualidad, requiere de la intervención del Ministerio de Justicia y Relaciones Exteriores y de la Corte Suprema de Justicia que tienen como deber verificar que el proceso se cumpla a cabalidad, teniendo en cuenta la legislación colombiana y los tratados internacionales.

El gobierno de Estados Unidos considera que Colombia es uno de los países que más ha cooperado con la extradición. En el año anterior Colombia extraditó más de cuarenta personas al país norteamericano, de los que 37 fueron ciudadanos colombianos.

Y aunque con esta medida el gobierno colombiano ha obtenido excelentes resultados, el presidente Uribe busca reformar la legislación actual para agilizar este trámite en la Reforma al Código de Procedimiento Penal. Lo que se pretende es excluir a la Corte Suprema de Justicia de este proceso con el fin de convertirlo en un procedimiento netamente administrativo.

Esta propuesta ha sido motivo de controversia porque la Corte Suprema es la que garantiza la neutralidad. Pero lo que sucede es que una orden de extradición demora más de ocho meses, si se aprueba tal y como la propone el gobierno, ese proceso duraría dos o tres meses máximo.

El Representante a la Cámara, Lorenzo Almendra, miembro de la comisión primera que es la que discute este proyecto, afirma que sobre la extradición está todo dicho y que las normas tal y como están consignadas son suficientes para castigar ese delito en el exterior. En su concepto, el gobierno no debería desgastarse en esta propuesta que no tendrá el aval de los congresistas.

Todo lo contrario opina Fuad Char, que apoya incondicionalmente esta medida que sirve para agilizar las penas que deben cumplir los “bandidos”. A lo que agrega que todos los elementos judiciales existen para castigar esa práctica, pero lo que falta, además de la agilidad de la justicia, es el verdadero compromiso de las autoridades militares y judiciales para capturarlos, porque si algo tiene claro el congresista es que ellos tienen conocimiento del lugar en donde se encuentran los delincuentes, pero lo sorprendente es que nunca los capturan.

Los resultados de la política de extradición colombiana son contundentes, un caso significativo es el de Fabio Ochoa, miembro del cartel de Medellín, que participó en la Operación Milenio distribuyendo droga hacia Estados Unidos y recibe en este país una condena de 30 años. Este mecanismo permite que los delincuentes reciban un castigo proporcional al delito que cometieron, pero lo que sucede en este país es que las penas son laxas por la corrupción existente dentro de un sistema frágil y vulnerable, donde una gran mayoría son sobornados por aquellos que tienen el poder económico.

4. Ayuda de Estados Unidos en la Lucha contra el Narcotráfico

4.1. Plan Colombia

Estados Unidos es el principal consumidor de droga en el mundo y por esta razón, los estadounidenses son los más interesados en combatir el narcotráfico. Partiendo de esta base, ellos están brindando ayuda económica a los países productores de droga con el fin de acabar con este fenómeno de una vez por todas. A cambio de determinado monto de dinero estos países deben cumplir unas metas establecidas por Estados Unidos que serán monitoreadas por funcionarios estadounidenses y de ellas dependen, que sigan prestando este tipo de ayuda económica.

El Plan Colombia es el nombre del programa de cooperación de este gobierno al país en lo que tiene que ver con la lucha antidrogas. Han sido más de 2500 millones de dólares que Estados Unidos ha destinado a Colombia para este fin.

Un aspecto importante en la estrategia antinarcóticos del Plan Colombia es fortalecer a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a través de la modernización, reestructuración y profesionalización con el fin de que restablezcan el estado de derecho e impidan las incursiones de todos los grupos armados que han sido financiados por el narcotráfico, ya que el 30% de sus ingresos se derivan de los impuestos que cobran sobre la hoja y pasta de coca.

La meta principal de este plan es la reducción de cultivos ilícitos en un 50% dentro de los próximos seis años. Para que así sea es necesario desmantelar las organizaciones de traficantes y establecer el control militar en todas las regiones del país. Las autoridades deben destruir las instalaciones de procesamiento, mejorar la intersección de drogas y restablecer el control gubernamental. Por lo tanto hay que fortalecer el sistema judicial y combatir la corrupción que permita neutralizar el sistema financiero de narcotraficantes e incautar sus recursos para utilizarlos en beneficio del Estado. Del mismo modo hay que aumentar el pie de fuerza que garantice la seguridad, integrar las iniciativas nacionales e internacionales y fortalecer los planes de desarrollo alternativo.

Tomando como base que las Fuerzas Armadas son las encargadas de proteger la democracia y los derechos humanos en las operaciones antinarcóticos, sus miembros serán capacitados en derechos humanos. La Fuerza Aérea aumentará su autonomía en misiones de interceptación, la Armada Nacional mejorará los esfuerzos en el control de importaciones de estos químicos y la Policía Antinarcóticos tendrá el apoyo de las Fuerzas Armadas, estas fuerzas se integrarán para contribuir al mejoramiento de la inteligencia. Asimismo y conjuntamente destruirán la infraestructura de producción y combatirán a los grupos armados, así como fortalecerán y aumentarán las tareas de fumigación y erradicación de cultivos.

El Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley ante la Comisión de Drogas del Senado de Estados Unidos, Paul Simons, ratificó que esta política se debe aplicar en Colombia, ya que este país representa el 70% del cultivo mundial de coca y además es fuente importante de heroína para el mercado estadounidense. En Norteamérica la droga ha traído consigo 50000 muertes anuales, una suma exorbitante si se tiene en cuenta que cobra seis veces más vidas que las que cobraron los atentados del 11 de septiembre. El funcionario destacó el compromiso de Uribe en esta lucha y el cumplimiento de los objetivos trazados que como consecuencia ha traído más ayuda al país.

Este apoyo lo ratificó Donald Rumsfeld, secretario de defensa de Estados Unidos, que visitó el país para manifestar su conformidad con la política actual que debe estar encaminada a la lucha contra el terrorismo que está estrechamente vinculada con las drogas que financian a estas redes. Rumsfeld afirmó que él sólo viaja a lugares con los que Estados Unidos tiene algún tipo de alianza y Colombia es un país muy importante en este hemisferio y que está haciendo frente al terrorismo.

El gobierno colombiano está satisfecho con la ayuda que está recibiendo de Estados Unidos, pero Arlene Tickner, directora del Centro de Estudios Internacionales de Los Andes y experta en las relaciones Colombia y Estados Unidos, no comparte esta posición. Según ella la única ventaja que tiene el Plan Colombia es que desde el gobierno Pastrana este país comenzó a ser prioridad en la agenda del gobierno estadounidense. Esta ayuda no se redujo únicamente al monto desembolsado a través del Plan Colombia, sino a la visión que empezó a operar simultáneamente con este plan, es decir, la estrategia antinarcóticos planteada. Estados Unidos entiende que el problema que atañe a los colombianos no es sólo de drogas, sino de conflicto armado y de un estado que no está presente en el territorio nacional.

Pero la analista estima que los aspectos negativos son más relevantes debido a la visión militarista que Estados Unidos tiene sobre el problema de Colombia, que se refleja en que el total del presupuesto, 80% para el aspecto militar y 20% para la causa social. Ella asegura que si en Colombia no existiera el problema de la droga, tampoco habría Plan Colombia porque Estados Unidos realmente no está interesado en el país, ni mucho menos en los problemas de terrorismo ni del conflicto armado, sino en las drogas, y una vez ese problema se resuelva es probable que se vaya retirando del país. La visita de Rumsfeld la califica como un respaldo al presidente Uribe y le demuestra al mundo entero que no sólo le interesa el Medio Oriente, y que Colombia entra en sus prioridades.

Hasta el momento el Plan Colombia se ha concentrado en la fumigación de cultivos, en el 2004 comenzará la fase dos de este programa y en la actualidad se está discutiendo en que consistirá y aunque Tickner cree que no van a haber muchos cambios todo depende de un eventual proceso de paz, en los éxitos en la lucha contra la guerrilla, las elecciones de Estados Unidos, el clima en el Congreso y del contexto internacional. Con respecto a la meta del Plan Colombia de reducir los cultivos de coca en un 50% hasta el 2006 es muy optimista y considera que se puede llegar mucho más lejos, pero que el verdadero problema es que los cultivos se están desplazando a otros lugares como Perú y Bolivia.

El Plan Colombia le ha permitido al gobierno obtener algunas herramientas necesarias para combatir la droga, pero no son suficientes si se tiene en cuenta que además de frenar la demanda hay que detener el consumo y Estados Unidos pide resultados contundentes en este sentido, pero no contribuye en lo que se refiere a su política interna. De igual forma no se tiene en cuenta el contexto que rodea al narcotráfico en Colombia, que es consecuencia de un problema social existente desde hace cuarenta años. Este es un problema mucho más complejo que no se solucionará con una simple erradicación de cultivos y fortalecimiento de la justicia. Se necesitan soluciones de fondo porque la violencia, la corrupción, el desempleo y el subdesarrollo, entre otras, son las verdaderas causas del narcotráfico.

4.2. Fumigación con glifosato

En lo que tiene que ver con la aspersión de cultivos ilícitos, la Policía Nacional señala en un estudio que se han fumigado un total de 93713 hectáreas de coca y 1982 de amapola. La erradicación de cultivos y su fumigación es el método más cuestionado para acabar con el negocio de la droga. Por esta razón los abogados Claudia Sampedro y Héctor Suárez entablaron una demanda contra el Ministerio del Medio Ambiente quienes encontraron irregularidades en la práctica de este mecanismo.

Ellos comprobaron que “el uso del glifosato como herbicida de amplio espectro y no selectivo, para erradicar los cultivos ilícitos, utilizado vía aérea contamina el ambiente”. Como consecuencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que se deben examinar a profundidad los daños de las fumigaciones.

Según este estudio, los efectos sobre la salud son la irritación cutánea y ocular temporal en caso de contacto directo, y en el medio ambiente son inferiores a los causados por el cultivo y refinamiento de las drogas ilícitas. Por lo tanto, el Tribunal dice que cuando no existe certeza científica sobre las consecuencias dañinas de algo, es obligación suspender la medida y ordena a la Dirección Nacional de Estupefacientes hacerlo de inmediato, con la veeduría de la Procuraduría.

Hasta el momento no se han detenido estas fumigaciones, ahora existe un programa que se denomina Familias Guardabosques del Plan Colombia que apoya a las familias campesinas e indígenas que se comprometen a trabajar como guardabosques en la zona en donde se encuentran, a cambio de una contraprestación de cinco millones de pesos netos por año, cuyos desembolsos se realizan cada dos meses. Estas familias se comprometen a no sembrar cultivos ilícitos y a desarrollar actividades de conservación, recuperación y protección del ecosistema. La meta es mantener libres de cultivos ilícitos 60 mil hectáreas en los núcleos de intervención, revegetalizar de manera natural 40 mil hectáreas en zonas ambientalmente estratégicas y vincular a 50 mil familias campesinas como guardabosques en los cuatro años de gobierno.

Es así como los campesinos se están comprometiendo con la erradicación de cultivos. En Chaparral, Tolima, cumplieron con el pacto de erradicar, en un término de dos meses, los cultivos de amapola que tenían en sus parcelas y a cambio de su labor recibirán 5 millones de pesos.

Por su parte, el representante Lorenzo Almendra, miembro de la comunidad indígena guambiana de la región del Cauca, está totalmente en desacuerdo con la fumigación que los afecta directamente. Él asegura que en la región andina prevalecen los cultivos de amapola que al poco tiempo vuelve a aparecer, mientras que el glifosato si destruye por completo el pancoger. Ellos le han dado a conocer al presidente Uribe esta situación y la única respuesta que han obtenido de parte del gobierno es que aumentarán la aspersión para acabar definitivamente con la amapola. Él, al igual que la comunidad indígena, son conscientes del daño que esta sustancia produce en el medio ambiente a corto y largo plazo en los seres humanos que en unos años sufrirán de deformaciones físicas. El pueblo guambiano propuso la erradicación manual concertada para evitar graves consecuencias futuras y aunque tienen el aval de la Unión Europea, el gobierno no les ha prestado atención.

Arlene Tickner coincide con el planteamiento del Representante y añade que con la fumigación los cultivos se han desplazado a otras zonas del país y esta práctica se ha convertido en un círculo vicioso que destruye la tierra, deteriora la salud pública y contamina el medio ambiente. Ella tiene conocimiento de los pactos que ha hecho el gobierno con algunas comunidades para erradicar manualmente los cultivos, pero constata que el gobierno no ha cumplido con lo pactado porque además hay un problema con la administración del dinero del Plan Colombia, que, en algunas ocasiones, no llega a su destino.

No es ningún secreto todos los daños que causa la fumigación con glifosato, pero de este mecanismo depende, en gran parte, la ayuda de Estados Unidos. Colombia está respondiendo a esta imposición porque de lo contrario, no se recibirá la asistencia económica necesaria. Por esto, aunque se demuestre la poca efectividad de la práctica, el gobierno tiene el deber de cumplir con las metas establecidas en el Plan Colombia, y las fumigaciones son el epicentro de este programa.

4.3. Interdicción Aérea

Desde el comienzo de su administración Uribe le estaba pidiendo a Estados Unidos la reanudación de los vuelos de interdicción aérea contra el narcotráfico. Este procedimiento comprende tres fases que son en primer lugar la identificación visual de la aeronave sospechosa, luego la Fuerza Aérea Colombiana debe autorizar los disparos de advertencia y finalmente se utiliza la fuerza contra dicho aparato. En este caso los aviones de combate serían de la FAC, piloteados por colombianos y con una tripulación de cinco ocupantes, uno de ellos contratista de Estados Unidos que será el observador de la operación. Son 50 millones de dólares que se podrán emplear en este programa durante los próximos cuatro años, dinero que será invertido en entrenamiento, compra de piezas de repuesto, equipos de rastreo de comunicaciones, informaciones y pago de servicios de mantenimiento y asesorías. A diario se detectan aproximadamente seis vuelos ilegales, los más frecuentes son en la frontera con Brasil.

Contrario a lo que ha sucedido con la fumigación de cultivos, la interdicción ha sido bien recibida por los diferentes sectores colombianos. El profesor de la Universidad de la Florida, Franciso Thoumi, experto en cultivos ilícitos, concluyó que con esta medida se atacará el narcotráfico en vez del campesinado, como ha sucedido con la aspersión. A lo que agrega que si tiene éxito, los precios de la coca bajarán y los campesinos dejarán de cultivarlo y que complementa la política de control territorial del gobierno porque el Estado debe preocuparse de controlar la superficie terrestre y los espacios aéreos. De esta forma se ataca el contrabando y la exportación del insumo y la comercialización de la industria ilegal.

Ese planteamiento concuerda con el pensamiento de Arlene Tickner porque esta estrategia puede tener mayor efectividad, pero no resuelve la raíz del problema. Fuad Char es consciente de esto, pero en todo caso califica este mecanismo como un “elemento especial” para controlar el tráfico de estupefacientes que va a favorecer la lucha antidrogas porque está enfocada en desestabilizar su economía.

Mientras que Lorenzo Almendra garantiza que la única solución a este problema es la legalización de la droga. Un tema que está en discusión en el mundo entero pero que Colombia no podría adoptar, sólo sería viable si es el resultado de una política global.

Aunque la legalización es una buena opción porque está comprobado que el negocio del narcotráfico crece cada vez más, el mundo no está preparado para hacerlo. Colombia no es autónoma en las decisiones que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico y debe someterse a los métodos que Estados Unidos imponga para acabar con las drogas.

5. Proceso de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia

Al cumplir un año de mandato el presidente Álvaro Uribe uno de los retos más importantes del gobierno es consolidar un proceso de paz con las AUC, con quienes están conversando desde el año anterior. En primer lugar es necesario ponerle piso jurídico a un diálogo con una organización que tiene vínculos con el narcotráfico. Además los jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso están pedidos en extradición por el gobierno de Estados Unidos, pero para el gobierno lo más importante es seguir avanzando en una negociación que ya tiene forma y en la que ambas partes están dispuestas a ceder. Por lo menos se espera que el 31 de diciembre de 2005 las autodefensas estén totalmente desmovilizadas a cambio de que el gobierno fortalezca las instituciones y responda por la seguridad social y económica de las regiones en donde las AUC se han asentado.

Por su parte, Salvatore Mancuso aseguró que a pesar de la solicitud de extradición que hay en su contra, la cual no entiende, no desconoce la justicia estadounidense e hizo un llamado al Departamento de Estado para que envíe una comisión que forme parte del proceso. Igualmente es consciente de que el gobierno debe ofrecerles otras alternativas diferentes a la cárcel para resarcir sus errores.

La infiltración del narcotráfico en esta organización la justifica porque las autodefensas están en regiones cocaleras y por lo tanto el impuesto que cobran proviene de esa práctica ilegal. Pero con lo que si está de acuerdo es con el castigo que le impongan a los miembros que estén vinculados directamente con el narcotráfico porque, supuestamente, nunca han estado de acuerdo con esa actividad.

Las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, lideradas por Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, el Bloque Central Bolívar y Vencedores de Arauca, y las Autodefensas Alianza del Oriente, integradas por bloques de los departamentos de Casanare, Meta y Vichada son las organizaciones que forman parte de esta negociación.

Al darse cuenta de los avances de este proceso, el Bloque Metro, con influencia en Antioquia, manifestó en una misiva al gobierno sus deseos de unirse a este proceso. Su jefe, Rodrigo afirma que no existe guerra al interior de las autodefensas si no entre quienes están de acuerdo y en desacuerdo con el narcotráfico, respectivamente. Piensa que para que tenga éxito se deben aclarar aspectos como el cese de hostilidades, compromiso por parte de las AUC de abandonar el narcotráfico y la contrarreforma agraria. Aún no ha obtenido una respuesta pero lo que si es de conocimiento público es que los laboratorios de cocaína pertenecientes a esta organización fueron desmantelados por las autoridades.

Este es un buen comienzo para un eventual proceso con los paramilitares, pero su éxito depende, en gran parte, de lo que sucederá con la solicitud de extradición de sus cabecillas. Fuad Char cree que es muy difícil que Estados Unidos desista de aplicar esta medida que sólo se justificaría si realmente significa la consecución de la paz y el desmonte total de la organización. Por otro lado, Lorenzo Almendra está en total desacuerdo con que estos delitos queden en la impunidad, ya que su comunidad ha sido víctima de las masacres perpetradas por este grupo armado.

Aunque en este momento Estados Unidos no se ha pronunciado al respecto, Arlene Tickner sabe que ellos suspenderán esta solicitud en aras de un verdadero proceso de paz. Mientras tanto, dentro del gobierno colombiano está en discusión el proyecto de libertad condicional que está dirigido a los desmovilizados y grupos armados que realicen procesos de paz. Las penas alternativas se debaten actualmente, siendo primordial el reparo del daño a sus víctimas. No hay ningún delito excluido de la ley, lo que significa que los responsables del narcotráfico también se pueden beneficiar con esta norma.

Es difícil aceptar que después de todos los delitos que han cometido estos grupos y del daño que le han hecho a la sociedad la justicia los beneficie de esta manera, pero esta es la única alternativa para viabilizar una negociación que conduzca a la paz del país. Estas violaciones a los derechos humanos no deberían quedar en la impunidad, pero para Colombia es mucho mejor brindarles otras alternativas a los delincuentes para acabar con esta guerra.

El éxito de los procesos de paz está en que el gobierno y los grupos armados deben ceder para que ambos salgan favorecidos. De lo contrario, no podrán llegar a ningún acuerdo y por lo tanto fracasarán en el intento. Así como las autodefensas se van a desmovilizar el gobierno debe ofrecerles garantías a los desmovilizados y oportunidades para que no vuelvan a incurrir en el delito. Es de suma importancia que el gobierno prevea estos detalles porque el proceso se puede entorpecer si las medidas que se tomen al final no tienen piso jurídico.

A pesar que los diferentes sectores se han pronunciado a favor de un eventual proceso de paz con las autodefensas, Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, ONG con status consultivo ante la ONU, es escéptico frente al tema. Aunque siempre han estado a favor de un acuerdo de paz y de una solución negociada al conflicto en donde predomine una política de respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, condiciones que en este caso no están dadas. Según él, este proceso es una “pantomima” porque es un arreglo judicial entre el Estado y grupos que empuñaron sus armas a su favor. Gallón es consciente de que el gobierno seguirá adelante en su propósito y aunque no está de acuerdo con la extradición considera que modificar este mecanismo para que los delitos cometidos por las autodefensas queden en la impunidad, sería complicado.

Acerca del proyecto de libertad condicional que está en curso en el Congreso, Gallón anota que es una “farsa” que no garantiza la justicia, ni la reparación de los delitos. Supuestamente ofrece penas alternativas, pero a las personas que son responsables de crímenes de lesa humanidad, que por decisión del gobierno le suspendan la condena pueden delatar a cualquier grupo al margen de la ley, que obviamente sería el contrario, y así cumplen con su castigo. Es evidente que para llegar a un verdadero acuerdo se debería reformar la constitución para que incluya medidas de reincorporación a determinadas conductas, excepto delitos de lesa humanidad y narcotráfico que no pueden quedar impunes. Por esto, concluye que esta fase exploratoria con las autodefensas no conducirá a un proceso de paz.

En un eventual acuerdo de paz se deben tener en cuenta el respeto a los derechos humanos, pero es necesario precisar que los éxitos en las negociaciones de países como Guatemala o El Salvador se ha dado porque ambas partes cedieron, así como los paramilitares se comprometen a desmovilizarse, el gobierno debe ofrecerles alternativas diferentes para su reincorporación y en ese acuerdo radica el verdadero éxito de un proceso de paz.

Conclusiones

La repercusión que ha tenido el narcotráfico en Colombia no se puede medir en cifras exactas porque la mayoría de sus actividades son clandestinas. El auge del negocio de las drogas fue en la década del 90 y con la muerte de Pablo Escobar y la detención de los capos del Cartel de Cali la economía se derrumbó, ya que ellos eran los mayores inversionistas, especialmente en el sector de la construcción que fue el más afectado, ya que los ingresos del narcotráfico eran equivalentes al 50% del PIB.

Mientras las autoridades estaban concentradas en detener a los grandes capos, los grupos armados aprovecharon esta oportunidad para involucrarse en este negocio y fortalecerse. En ese momento era poca la atención que se les prestaba a estos grupos al margen de la ley, la política de los gobiernos se había enfocado en la lucha contra el narcotráfico y no se tuvo en cuenta el conflicto armado.

Era obvio que el narcotráfico traería graves repercusiones a la situación del país, el lavado de activos y el contrabando le han hecho mucho daño a la economía porque estos dineros no pagan impuestos y entran al país de manera ilegal y son, en parte, culpables del déficit fiscal actual.

El éxito del negocio radica en que cuando la droga llega al país destino se obtienen ingresos hasta seis veces mayores al precio de producción. Colombia es uno de los principales productores de estupefacientes pero para obtener lucro de esta actividad ilícita se necesita de compradores que los hay en todo el mundo, por lo tanto es indispensable diseñar una política global que ataque la oferta y la demanda.

Al interior del país el problema más grave es la complicidad de las autoridades, políticos y funcionarios del gobierno, entre otros, en este negocio. Al recibir los sobornos se comienza a crear algún tipo de alianza con los narcotraficantes y este círculo vicioso impide que este delito sea castigado, por lo tanto ellos deberían ser juzgados de la misma forma porque contribuyen al sostenimiento y facilitan su práctica.

De igual forma, hay un conflicto entre los grupos armados que están asentados en las zonas montañosas y que buscan el dominio en estos territorios ricos en cultivos. Es allí en donde no hay presencia del Estado y se refugian y enriquecen los alzados en armas.

Desde la administración pasada, los gobiernos han tenido la obligación de diseñar su política antidrogas con base en las exigencias del Plan Colombia, programa de cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, cuyo objetivo es atacar la demanda. Claro que lo que sabe el gobierno es que no se trata de un fenómeno aislado, sino que está estrechamente ligado con el terrorismo y por esto complementó su programa con la política de seguridad democrática que se ha planteado metas muy ambiciosas, si se tiene en cuenta que la realidad es mucho más compleja de la teoría.

Es obvio que el problema ya tomó otra dimensión y rebasó las fronteras, ahora es global pero los países no se han puesto de acuerdo en encontrar una verdadera solución. En los encuentros internacionales siempre hablan, pero todo queda consignado en documentos y en la práctica no se ve ningún resultado.

Lo más preocupante es el caso de los policías involucrados en el escándalo de la devolución de dos toneladas de cocaína a los narcotraficantes, siendo esta sólo una muestra de la infiltración que hay del narcotráfico en los estamentos. Lo peor es que estos hechos han quedado, casi siempre, en la impunidad. Ahora hay optimismo porque se están conociendo estos casos, pero esta situación seguirá sucediendo si en primer lugar no se depura el sistema judicial, cuyos miembros son los encargados de velar por el cumplimiento de la ley.

Pero no sólo son los narcotraficantes quienes hacen que esta actividad sobrepase las fronteras. Las “mulas” son las personas traficantes de droga, que también transportan los dólares obtenidos de la venta de estupefacientes. Ellos corren un riesgo muy alto y en la mayoría de las oportunidades son detenidas, pero las autoridades no obtienen información significativa de la red que las reclutó porque ellos toman las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de una delación y nunca tienen contacto directo con la “mula”. Sin embargo, los carteles de la droga siguen realizando sus operaciones, pero ahora con un perfil más bajo y lo que es peor, tienen alianza con los grupos armados.

Y aunque la situación actual es compleja el presidente Uribe ha dado resultados contundentes, que obviamente no han acabado con este flagelo porque se necesitan muchos años para este fin, pero es un buen comienzo. Con la ley de extinción de dominio el Estado tiene la oportunidad de aprovechar esta alternativa para que una vez incautado el bien, se elabore un proyecto productivo que beneficie a la población. Ya se han visto algunos avances en este frente, pero aún falta mucho por hacer.

El narcotráfico es uno de los delitos más graves que se cometen y las penas de la justicia colombiana son laxas, mientras que en otros países como Estados Unidos los castigos son proporcionales a los delitos que se cometen, entonces la extradición es, en algunos casos, la mejor opción. Debe vigilarse que este mecanismo se aplique de acuerdo con la ley y no se incurra en ninguna violación a la soberanía.

Por su parte, Estados Unidos le exige a Colombia resultados en la lucha antidroga, pero ¿quién le pide resultados a Estados Unidos en lo que tiene que ver con la reducción del consumo? Si no hay una acción recíproca es imposible producir resultados contundentes. Pero el gobierno estadounidense sólo se ha preocupado de reafirmar su compromiso con Colombia a través de ayuda económica y apoyo político, un claro ejemplo de éste último es la visita de Donald Rumsfeld, secretario de defensa.

Hay un factor que no se debe descuidar y es que la raíz del conflicto colombiano está en el aspecto social, por lo tanto la lucha no se debe reducir sólo al tema de las drogas. La fumigación con glifosato no es la solución, todo lo contrario, agrava este problema por los daños al medio ambiente y a la población. Las comunidades afectadas han hecho propuestas al gobierno que no les ha cumplido porque saben que Estados Unidos no avalará un proyecto alterno como la erradicación manual.
La reanudación de la interdicción aérea es muy importante para atajar las operaciones de los narcotraficantes en el aire. Esto no significa que sea la panacea y acabe definitivamente con este fenómeno. La única manera de hacerlo sería legalizando la droga, pero para que esto suceda se necesitan muchos años, porque esta decisión se debe desprender de una política global que aún no está preparada para dar ese paso.

Por lo pronto y en aras de un proceso de paz, el gobierno está comenzando las negociaciones con las autodefensas, organización que ha tenido vínculos con el narcotráfico, pero que ha demostrado su voluntad de paz. Teniendo en cuenta este antecedente, el gobierno ha decidido jugársela toda en aras de un proceso de paz y de la desmovilización de sus miembros. La Comisión Exploratoria no ha sido clara con la forma en que se tratará el tema del narcotráfico, pero está ofreciendo alternativas diferentes para que ellos paguen sus penas. Y con respecto a la solicitud de extradición de sus cabecillas, el gobierno estadounidense se ha mantenido en silencio, lo que se puede interpretar como una posible revocatoria de esta medida, que se decidirá sólo si este proceso de paz avanza. En este momento lo más importante es que va por buen camino.

Bibliografía

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Entrevista a Arlene Tickner, directora del Centro de Estudios Internacionales de Los Andes y experta en las relaciones Colombia y Estados Unidos

Entrevista al congresista Fuad Char, miembro de la Comisión Segunda del Senado

Entrevista a Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas

Entrevista al Representante a la Cámara, Lorenzo Almendra, miembro de la Comisión Primera

Entrevista a Gustavo Gallón, presidente de la Comisión Colombiana de Juristas

Periódico El Tiempo

Periódico El Espectador

Revista Semana










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